Nota

Advierten que decisión de Alcalde Sharp de filtrar Pre Informe de Contraloría se transformará en boomerang

Viernes 21 de Julio '17 05:15
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Por Juan Manuel Ugalde R.
juanmanuel@anin.cl
Entre otros hechos, vulneró el secreto de la investigación, por lo que se expone a sanciones, además de comprometer el éxito de las indagatorias.

Como una acción “impulsiva” y “poco madurada” que si bien tuvo el efecto comunicacional esperado, pero que a la larga se puede transformar en un “boomerang”, calificaron desde el interior del Municipio de Valparaíso, la decisión del alcalde Jorge Sharp de dar a conocer el contenido del Preinforme de la Auditoría Contable que realiza la Contraloría Regional.

Así lo indicaron a ANIN.CL, funcionarios y directivos de carrera, que espontáneamente manifestaron su sorpresa y desconcierto de, por una parte ventilar los avances de una investigación en desarrollo -y por tanto sin resultados finales-, y de paso exponer la decisión de la Contraloría de remitir los antecedentes al Ministerio Público.

“La verdad, lo que más sorprende es que Sharp viola, o más bien transgrede, el secreto de la investigación al comunicar los resultados preliminares de la investigación especial, pero a la vez se reserva y con ello resguarda las respuestas que como Municipio remitió a las observaciones formuladas por la Contraloría”, señala uno de los dirigentes.

Y en cuanto a la decisión de derivar estos antecedentes a la Fiscalía, ahora se conoce que lo hizo la propia Contraloría, ejerciendo así más bien una obligación legal de hacerlo, y en cambio desde la Alcaldía mientras se califica la gravedad de los hechos, sólo se anticipa que se estudiará la presentación de una eventual querella, lo que demuestra un doble estándar, que sólo se explica si se considera que se conoce que los antecedentes aún no son concluyentes”, finalizó.

CONTENIDO RESERVADO

La Resolución 20 de la Contraloría General de la República, que fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, en su Artículo 47 establece que culminado el programa de pruebas, se dará curso al Preinforme, en el cual “bajo el nombre de observaciones se identificarán las eventuales infracciones, irregularidades, deficiencias y/o vacíos detectados”.

En el artículo siguiente, dedicado a la Comunicación del Preinforme, se señala que este “será reservado o confidencial hasta la comunicación del Informe Final, a menos que se trate sobre materias calificadas de secretas de conformidad a la ley”.

Además se establece un plazo de 10 días para que el receptor objeto de la investigación remita las respuestas a las observaciones consignadas.

Lo anterior se explica que en diversas ocasiones la respuesta de la entidad cuestionada responde de manera satisfactoria a los cargos y el informe, o parte de él, es desestimado.

Por lo mismo, los Preinformes no son definitivos. Lo que tiene valor es el informe final, el que sí tiene un carácter público.

Conforme a esta norma aparecería como evidente que el alcalde Sharp y sus asesores vulneraron los dictámenes de la Contraloría y el mencionado Reglamento, quedando así expuestos a sanciones y comprometiendo el éxito de la investigación.

ABANDONO DE DEBERES

Este accionar, a su vez se produce en la antesala de que la propia Contraloría se pronuncie sobre la denuncia presentada por los concejales que cuestionan a Jorge Sharp por la contratación del personal desvinculado de una empresa contratista, 250 personas que fueron contratados en la Corporación Municipal de Valparaíso, para efectuar labores de aseo de la ciudad.

El antecedente más relevante son los tres dictámenes, efectuados en las administraciones de Aldo Cornejo y posteriormente, Jorge Castro, en los cuales la Contraloría objetó y señaló que era causal de notable abandono de deberes el contratar vía corporación a personas para hacer labores de aseo.

De concretarse la efectividad de la denuncia, el alcalde Sharp podría quedar expuesto a la temida figura del notable abandonado de deberes.

Además, estos pronunciamientos de la Contraloría fueron parte central de la acusación formulada por los concejales ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra de Jorge Castro.

Aquí el monto comprometido alcanzaría mensualmente los 300 millones de pesos. Es decir, el alcalde Sharp al vulnerar los mencionados dictámenes, estaría incurriendo en los mismos hechos que sus antecesores.