Nota

Contraloría confirma irregularidades y millonario derroche en Petorca en contratación de camiones aljibes

Sábado 2 de septiembre '17 06:00
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Por Juan Manuel Ugalde Ramos
juanmanuel@aninchile.com
Examen de cuenta a la Gobernación Provincial de Petorca detectó duplicidad en la distribución de agua, la ausencia de un manual de procedimiento, la inexistencia de un presupuesto en adquisiciones, y el pago de hasta un 600% más sobre el valor que informó por el mismo servicio de distribución de agua, la Municipalidad de Petorca.

El informe final de una auditoria y examen de cuentas realizado por la Contraloría Regional de Valparaíso a los contratos efectuados por la Gobernación Provincial de Petorca,  vía trato directo para la distribución de agua potable, mediante camiones aljibes, dio a conocer una serie de irregularidades de procedimiento, pero donde destaca el pago de un valor de hasta un 600% por metro cúbico de agua, en relación al precio que informó para igual servicio, la Municipalidad de Petorca mediante la utilización de camiones propios.

Como ejemplo el informe da cuenta de los pagos efectuados entre mayo de 2014 y junio de 2016, en sólo tres de las catorce localidades que fueron consideradas como zonas afectadas por la sequía y que por el concepto de emergencia se les distribuyó el vital elemento, específicamente los sectores de “El Sobrante”, “Calle Larga” y “Valle Los Olmos”, donde existe una diferencia de 634 millones de pesos, en comparación al costo que tiene el mencionado Municipio para la misma labor, pero con recursos propios.

Así se da cuenta que en el caso de Valle Los Olmos, y considerando la compra de agua y su distribución, el Municipio de Petorca tiene un costo de $2.737 por m3 de agua. En cambio para la misma labor la Gobernación Provincial, encabezada en dicho periodo por el DC Mario Fuentes, hoy candidato a diputado, pagó $46.917, lo que conlleva a una diferencia de 402 millones de pesos.

Asimismo el informe emanado por el contralor regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino, y conocido por ANIN.CL, indica que sólo al considerar esta diferencia se habría podido comprar una flota de 10 camiones aljibes para el uso propio de la Gobernación Provincial de Petorca.

UNIVERSO Y MUESTRA

En el análisis final, el documento señala que para el examen de cuentas sólo se consideró los pagos y contrataciones realizadas el año 2016, y que alcanzó a un monto de más de 1.489 millones de pesos, de los cuales se tomó una muestra de un 65,4%, equivalente a poco más de 974 millones de pesos.

El informe detalla que: “La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y un examen de cuentas a los pagos efectuados mediante trato directo por la Gobernación Provincial de Petorca, durante el año 2016, por compras de servicio de transporte y distribución de agua para consumo humano, con el fin de comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; se ejecutan teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; se encuentran debidamente autorizadas, acreditadas y documentadas; sus cálculos son exactos; y si están correctamente contabilizadas”.


CONCLUSIONES

El resultado de la investigación fue remitida al ministro del Interior, Mariano Fernández, que además de ser el superior jerárquico de la Gobernación, como Ministerio, dio curso a las contrataciones.

Las conclusiones señalan textual:

“Se comprobó la ausencia de un manual de procedimiento, formalmente aprobado, que regule la entrega de agua potable en camiones aljibes, situación que se aparta de lo previsto en el numeral 44, de la anotada resolución N° 1.485, de 1996, por lo que esa entidad deberá elaborar dicho instrumento, medida que será validada por esta Contraloría Regional en la visita de seguimiento”.

“La Gobernación Provincial de Petorca no exige a las cooperativas o a los comités de APR, un instrumento para medir el agua que reciben de los camiones aljibe, lo que no permite acreditar que el total pagado por dicho concepto corresponda a los litros de agua efectivamente recibida, correspondiendo que ese organismo gubernamental, en lo sucesivo, establezca en los contratos que suscriba con los proveedores un instrumento para tal efecto y exija a dichas cooperativas y comités habilitar registros de lo recepcionado”.

“Sobre el uso de la modalidad de tratos directo por emergencia para la adquisición de servicios de transporte y distribución de agua para los afectados por la sequía, los cuales si bien se ajustan a la normativa que los regula, dado que ese fenómeno natural se ha prolongado por años, dicha modalidad de compra no resulta competitiva en virtud de los principios de eficiencia eficacia y economicidad, por lo cual ese ente debe dar cumplimiento a lo informado en la respuesta, en orden a que solicitará apoyo de otras entidades destinadas a definir mecanismos más idóneos para dicho proceder, lo que será validado en una visita de seguimiento”.

En cuanto a la forma en que se seleccionan las ofertas por trato directo, consistente en solicitar presupuestos a los proveedores con los que se ha trabajado en años anteriores y a los que han manifestado interés en participar de ello, sin existir una debida publicación que promueva el acceso y competencia de interesados en prestar dichos servicios, esa Gobernación deberá, mientras se mantenga la forma de compra por trato directo, adoptar las medidas pertinentes para publicar mediante su página web o por otros mecanismos, las necesidades de agua requeridas, ello, con el fin de contar con un mayor acceso de proveedores a tales servicios, lo que se comprobará en futuras fiscalizaciones”.

“En lo concerniente a la deuda que no se encuentra registrada, cuyo monto alcanza la suma de $211.086.960, ese organismo debe proceder a establecer los registros extracontables que permitan conocer a los interesados los compromisos pendientes”.

“Se constató la existencia de 16 familias con arranque de agua potable a los APR La Higuera y El Bosque, de La Higuera, existiendo duplicidad en el agua que se calcula por grupos familiares, lo que no se ajusta al numeral 2.5, del oficio ordinario N° 18.087, de 2016, de la Subsecretaría del Interior, debiendo dicha entidad acreditar en qué APR finalmente quedó inscrito cada uno de esos grupos familiares, lo que será verificado por este Organismo de Control en una próxima visita de seguimiento”.
 

EL INFORME