Nota

¿Fortalecer al Estado o fortalecer a los consumidores?

Lunes 19 de diciembre '16 07:00
Imprimir Enviar por mail
Por Guillermo Henríquez Alfaro
Organización ORCUS y Fundación Viña Futuro 2030

La ley del consumidor promulgada en 1997, da origen a dos instituciones: SERNAC y las asociaciones de consumidores.

El primero un órgano público con atribuciones no muy notables pero que cumple un rol de significación en nuestra economía a la hora de denunciar malas prácticas. Las segundas son organizaciones que sobreviven a pesar de todo y que han logrado coincidir en posiciones frente a este proyecto.

En 19 años, esta ley ha sido objeto de modificaciones menores que no la han alterado fundamentalmente hasta que en 2013 el gobierno envió un proyecto de reforma significativo contenido en el Boletín 9369.

El citado proyecto de ley contempla dotar al SERNAC de atribuciones de fiscalización, control, resolución y competencias,  y aumento de planta de funcionarios  con un costo de varias centenas de millones de pesos anuales.

Frente a este proyectoplanteamos diversas observaciones entre las cuáles destacamos la de convertir al SERNAC en un Ministerio Público, como la Contraloría y el Banco Central; ello porque todas sus atribuciones apuntan al control de malas prácticas de la empresa privada, pero resulta ciego, mudo y sordo respecto de abusos provocados por el Estado, los municipios o entes públicos, ante los cuáles consumidores y usuarios continúan indefensos. Sabemos que esto no va a ocurrir porque no existe voluntad política para ello, además que el Presupuesto Nacional está construido para un período de vacas flacas.

Sin embargo, el proyecto del gobierno por su costo, está condenado a un destino similar.  No obstante, en el proceso de discusión han quedado incorporados aspectos que para las asociaciones de consumidores resultan importantes y respecto de los cuáles ha surgido la propuesta de implementar una ley corta que haga realidad estas propuestas que no tienen costo para el Estado.

LAS PROPUESTAS

1.-Aumentar las multas que pueden ser aplicadas a las empresas y graduarlas dependiendo de su importancia social.
Nos parece adecuada la regulación propuesta que incrementa el monto de las Multas y a su vez le entrega una mayor discrecionalidad al sentenciador, señalando que deberá definir en base a ciertos criterios como la relevancia social, la cantidad de personas afectadas así como perjuicio ocasionado.

2.- Aumentar el plazos que tiene el consumidor para presentar las acciones.
Los plazos para ejercer las acciones que la ley entrega hoy son excesivamente exiguos,  en efecto, el plazo de seis meses establecido en el actual artículo 26º, resulta insuficiente no solo para las demandas individuales sino por sobre todo para las demandas colectivas donde está en juego el interés de muchas personas y en ese sentido proponemos la modificación de la frase seis meses por dos años para el caso de demandas individuales y cuatro años para demandas colectivas.

3.-Aumentar la cantidad de fallos Inapelables:
Las actuales 10 UTM son una cifra que sólo se aproxima a los costos que tendría hacerse asesorar por un abogado conforme al valor del mercado y por ello constituye un desincentivo al consumidor para que éste persevere en el procedimiento. Por lo tanto consideramos razonable una cifra de al menos 25 UTM tal como se encuentra en el proyecto comentado.

4.-Endurecer el control y las sanciones a la publicidad engañosa
El proyecto faculta al tribunal para determinar la suspensión de las emisiones publicitarias si se determina que caen en la publicidad engañosa y cuando la gravedad de los hechos lo amerite para ordenar medidas destinadas a disminuir eventuales perjuicios de personas que pudiesen verse afectadas.

5-Sancionar la Reincidencia
La norma propuesta en el Boletín señala: “aquellos casos de reincidencia conforme al inciso tercero del artículo 24, y cuando el tribunal en su sentencia declare que la infracción ha producido un riesgo elevado para los consumidores, podrá aumentar en el 25% la indemnización determinada en la sentencia. 

6.-Evitar las ventas atadas del mercado de telecomunicaciones
Esta norma nos parece adecuada en virtud de la cual se obliga a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer siempre los servicios que presta de manera individual.

7.-Se elimina la inhabilidad para ser testigo para el propio consumidor afectado.
Esta inhabilidad impedía en muchos casos al consumidor poder acreditar el la infracción y el actual proyecto reconoce la asimetría existente.

8.- Invertir la carga de la prueba en beneficio del consumidor.
Se propone que el juez competente pueda distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria para cada parte del litigio.
Establece la facultad de declarar la medida precautoria del cese del cobro de lo adeudado mientras dure el juicio.

9.-Permitir como medida precautoria el cese del cobro de lo adeudado.
El proyecto incorpora una medida precautoria excepcional por la cual una vez decretada la admisibilidad de una demanda, el cobro que realiza la empresa proveedora, en aquella materia que sea objeto del juicio a los consumidores, podrá ser suspendido por el juez hasta la sentencia definitiva, es decir, podrá evitarse que los consumidores tengan que pagar las deudas que mantienen mientras no se resuelva sobre la culpabilidad del proveedor en una infracción a la ley del consumidor.

Una ley que consagre los cambios mencionados podría equilibrar de una manera razonable la relación entre proveedores y consumidores resolviendo en favor de la ciudadanía cuestiones prácticas de un proyecto que, como muchos, amenaza con dormir una larga siesta en el Congreso Nacional.