Nota

Campamentos y corrupción inmobiliaria

Jueves 29 de diciembre '16 08:45
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Por Patricio Herman
Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

El día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, del año en curso, se publicó en el diario El Mercurio una carta titulada “Derecho a la vivienda y a la ciudad”, suscrita por los representantes de 6 organizaciones sociales, entre otras, la Fundación Techo y la Fundación Urbanismo Social, que bregan para que el Estado asuma un rol más activo en la búsqueda de soluciones efectivas para eliminar los miles de campamentos que existen en el país. Señalan con buenos argumentos que el sector privado debiera ponerse en el centro de sus preocupaciones la construcción de espacios que sean dignos y que constituyan aportes a la ciudad, enfatizando que es inaceptable la deuda que el país tiene con las familias más segregadas.

Estamos muy de acuerdo con el planteamiento de fondo de esas organizaciones de la sociedad civil informada porque todos los gobiernos anteriores, incluyendo al actual, han permitido que, vía una abierta y tolerada corrupción inmobiliaria, que ha significado en el tiempo millones de dólares mal habidos por parte del sector privado, no hayan tomado acciones judiciales en contra de aquellos para que devuelvan esas ganancias ilícitas, las que en algunos casos han enviado sigilosamente a los conocidos paraísos fiscales, los mismos que utilizan ciertos connotados políticos.
En razón a que nuestra denuncia es irrefutable, lamentamos que todavía existan en Chile esos indignos campamentos, los que se debieron erradicar hace años con la inversión pública disponible si se hubieran tomado las acciones judiciales correspondientes para recuperar las altas sumas de dinero obtenidas por privados al margen de la ley. No sabemos qué sucederá en el futuro, pero como en Viña del Mar se encuentra el conocido campamento Manuel Bustos, a continuación describimos lo que sucede en esa ciudad.

En efecto, el jueves 22 de diciembre recién pasado se realizó en la espaciosa Sala de la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en Valparaíso una reunión de trabajo entre los miembros de la 5º región de la Fundación Defendamos la Ciudad y las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), conforme a precisas instrucciones impartidas por la ministra Paulina Saball por una seguidilla de actos ilegales cometidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, actuaciones con las cuales se favoreció económicamente a ciertos empresarios de la industria inmobiliaria.

Hace un poco más de un año nos entrevistamos con la ministra Saball en Santiago, dándole a conocer con documentos a la vista una especie de negligencia pública compartida para privilegiar los intereses comerciales de ciertos actores del mercado de la construcción, asunto delicado que esta alta autoridad de gobierno no podía darle crédito y por ello se comprometió a investigar lo que acontecía en la ciudad balneario.

La trampa consistía en “equivocarse” para calcular los conos de sombra, los distanciamientos, las alturas y las rasantes de los proyectos inmobiliarios aprobados en esa díscola municipalidad, error consentido que le permitía a los titulares de esos negocios obtener millonarias e ilegales ganancias con la mayor constructibilidad, práctica que no era aplicable a los empresarios probos, quienes se sometían a todos los rigores de la ley, es decir, con esa inequidad se configuraba una competencia desleal . A modo de ejemplo, uno de los permisos ilegales contemplaba una altura de 22 pisos, el cual se debía invalidar porque la altura máxima permitida antes en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar eran 18 pisos y hoy 10 pisos, situación aberrante que se mantiene pendiente.

En la aludida reunión intervinieron, por parte del colectivo ciudadano, los abogados Rodrigo Avendaño y Paulo Pérez, quienes asesoran al activo vecino Carlos Valencia, el mismo que tiene por las cuerdas al mall trucho de las empresas Ripley y Parque Arauco, construyéndose con un permiso caducado en la estrecha calle 14 Norte de esa ciudad. Por parte del gobierno central estaban presentes Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, tercera jerarquía de ese ministerio, aunque primera en materias técnicas, Rodrigo Uribe, seremi de Vivienda y Urbanismo de la 5ª región y el arquitecto Felipe Zahr, de esa función pública regional.

También intervino con singular acierto en tal reunión el diputado por la zona Rodrigo González y a pesar de que estaban absolutamente acreditadas las ilegalidades de 23 permisos de edificación, lo que significaba denunciar inmediatamente los hechos en el Ministerio Público, ello no pudo ser posible pues el Seremi Uribe le pidió instrucciones formales a Contrucci para interponer las acciones judiciales, las que, por motivos desconocidos, no fueron entregadas.

Hemos sabido que algunos funcionarios de la Seremi aducen que carecen del tiempo necesario para corroborar las ilegalidades denunciadas y ante esa pueril “justificación”, el arquitecto Contrucci manifestó que en la tercera semana de enero de 2017 el asunto se tenía que resolver, pues estaba empeñada la palabra de la ministra Saball para ir poniéndole una lápida a la corrupción viñamarina.

Los miembros de Defendamos la Ciudad, cuyo trabajo lo hacen ad honorem, respondieron con la tranquilidad que otorga la actuación responsable, que si el gobierno, por temor al influyente sector privado o por no incomodar a quienes violan las normas, será ella misma la que entregue los antecedentes ante el Fiscal Regional para que examine estas “equivocaciones” administrativas que generan lucros excesivos.

Finalmente dejamos de manifiesto que este abusivo asunto, que significa para ciertos privados obtener cuantiosas mayores utilidades porque se pasaron por alto las reglas del mercado, aparte de vulnerar la ley, se le informó formalmente el 26 de diciembre de 2016 al diputado Carlos Abel Jarpa, presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, ello con el objeto de que ese cuerpo colegiado, conociendo por parte de nosotros las trampas urdidas, fiscalice con rigor a todos aquellos funcionarios públicos que no "hicieron la pega" oportunamente.

Estaremos atentos a la respuesta de esa Comisión, ya que por nuestra experiencia sabemos que hacerse muy rico en Chile es fácil y para ello la receta mágica es congraciarse con el dúctil aparato del Estado.