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Recurso de amparo contra Ministros de Corte de Valparaíso busca eliminar delito de “secuestro permanente”

Jueves 8 de febrero '18 11:45
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Por Equipo Prensa ANIN.CL
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La acción constitucional fue interpuesta por el abogado Javier Gómez, que defiende al capitán de navío (r) Patricio Villalobos, en contra de los ministros Julio Miranda Lillo y Jaime Arancibia Pinto, por el secuestro del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo.

A fin de revertir un auto procesamiento, donde se expone a la pena de cadena perpetua al capitán (r) de la Armada, Patricio Villalobos, su defensa busca mediante la presentación de un recurso de amparo terminar con la “ficción jurídica” del delito de secuestro permanente del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, quien fue detenido en Villa Alemana  por una patrulla naval en septiembre de 1973 y que desde ese entonces figura en calidad de detenido desaparecido.

Esta causa, ha motivado en las últimas semanas la participación del propio comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina, que ha debido dar respuestas a oficios emanados desde la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El último de ellos, conocido por ANIN.CL y fechado este 2 de febrero de 2018, señala textual: “en la institución no se cuenta con antecedentes, como tampoco se tiene conocimiento si don Juan Andrés Blanco Castillo, u otros detenidos, han estado privados de libertad en algún recinto de la Armada de Chile; como tampoco, si la persona nombrada, en los últimos cuarenta años estuvo detenido por algún funcionario de la Armada”.

El abogado defensor del capitán (r) Patricio Villalobos, Javier Gómez, precisa que esta respuesta del almirante Leiva, sumada a una versión no acreditada, y que es parte de un oficio firmado por el sub prefecto de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, Eric Martínez, de la PDI, donde se señala que incluso el cuerpo del desaparecido ciudadano dominicano habría sido hallado en 1974 en el sector de Colliguay en Quilpué, entrega los fundamentos en que “aquí el Ministro de la causa mantiene a 11 procesados y acusados, sin ningún argumento acreditado, ya que se desconoce dónde estuvo con certeza, pues mucho tiempo se dijo que había estado detenido en el buque Lebu, para luego saber que tuvo un paso de días por la Base Naval de El Belloto, aunque los seis días que estuvo detenido lo habría hecho en el Cuartel de Investigaciones, y precisamente desde ahí desaparece”.

Más allá de los hechos de la causa, el abogado Gómez fundamenta es que “aparte de constatar que ha habido presuntos de vicios de incompatibilidad en la tramitación de la causa, el nivel de desconocimiento es tal que cualquier persona podría ser incorporada , procesada y condenada, sin ningún argumento, más allá de esgrimir la figura de secuestro permanente”.

RECURSOS CONTRA MINISTROS

El recurso de amparo es en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo y  Jaime Arancibia Pinto, ambos encargados de tramitar causas de derechos humanos, y específicamente –señala la acción judicial- por dictar el auto de procesamiento y la acusación absolutamente genérica y no detalladas en la causa rol 53.046-2009, como exige la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para el abogado Gómez, esto es de la mayor gravedad, pues implica una violación de un derecho humano de los acusados en el juzgamiento, por un Poder del Estado, que su misión es proteger los derechos fundamentales de las personas que no es otro que el Poder Judicial.

“Después de ocho años, la querellante pretende que mi defendido sea condenado a cadena perpetua, sin demostrar que existe una persona fallecida, sin demostrar que existe una persona secuestrada, sin señalar en qué lugares se ha encontrado encerrado, quienes son las personas que según la tesis de los Ministros, han mantenido secuestrado por cuarenta y cuatro años, hasta el día de hoy; cual es el hecho que constituye el delito de secuestro; cual es el hecho ejecutado por cada uno de los presuntos secuestradores; no se nos explica con qué dinero se ha financiado el encierro, alimentación, vestimentas, cuidados médicos y otros del presunto secuestrado”.

“Lo mismo sucede con el homicidio imputado, nada se señala como se le mató, quien lo hizo ni en qué circunstancias, y cuáles serían los hechos realizados o cometidos por cada uno de los acusados, lo que no se hace. ¿Y si no se nos señala cuales son los hechos delictivos, cómo podremos rendir prueba para desvirtuarlos? El único fin de realizar procesamientos y acusaciones genéricas, es obtener condenas de los 11 acusados, aunque no puedan probar la existencia del delito y la participación de los acusados”.