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¿Policías en campaña?: Piden a Contraloría indagar gastos en escoltas a senadora Lily Pérez

Jueves 27 de abril '17 05:45
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Por Equipo Prensa ANIN.CL
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Ex fallador Fernando Yévenes solicitará conocer si se justifica el uso excesivo de efectivos y recursos fiscales para la protección personal de Parlamentarios, como es el caso de la Senadora de Amplitud, que desde hace casi 8 años cuenta con un equipo de PDI que resguarda su seguridad las 24 horas del día.

En septiembre de 2009 la senadora y presidenta de Amplitud, Lily Pérez, fue blanco de amenazas antisemitas en internet, que tras la respectiva denuncia a la justicia de la Parlamentaria, culminó con en el encarcelamiento del neonazi Elliot Quijada Avilés, en la ciudad de Villa Alemana, creador de la agrupación "Martillo del Sur".

A fin de garantizar su integridad, en dicha ocasión se dispuso para su resguardo un grupo de escoltas de la PDI. Sin embargo, a casi 8 años, dicho cerco policial se mantiene, hecho que a juicio del ex fallador, Fernando Yévenes, quien fuera conocido tras conocerse que él era la persona que redactaba fallos para algunos tribunales penales de Santiago de manera informal, sería un abuso y un uso excesivo de recursos fiscales.

La verdad es que voy a solicitar a la Contraloría que revise esta situación en particular, porque tengo entendido que aparte de la presidenta de la República, la protección personal de la senadora Pérez involucra el mayor número de efectivos policiales, que incluso podría llegar a cinco funcionarios de la PDI, quienes resguardan a la senadora Pérez, día y noche”, precisó Yévenes a ANIN.CL.

“Con esto –siguió- no desconozco la veracidad de los hechos ocurridos el año 2009, sino que existe un hilo muy delgado, entre lo justificable y lo abusivo, y que además de atentar con los recursos fiscales,  es una clara muestra que existen ciudadanos de primera y segunda categoría en Chile”.

“Específicamente me refiero a la denuncia que he recibido de boca de policías y familiares, que en privado protestan al ser utilizados en estas labores externas, alejados de la persecución delictiva, para transformarse en una suerte  de secretarios o de empleados  a cargo de las personalidades protegidas”.

QUIÉN PAGA LOS GASTOS

Fernando Yévenes precisó que “como es sabido, yo tuve en mis manos un sinnúmero de expedientes de casos, muchos ellos de sangre, lo que bien se hubieran podido evitar si no existiera una desviación de personal, o que una patrulla  al menos, una vez al día hiciera ronda en las poblaciones”.

“Creo que a partir de esta presentación, sería bueno conocer cuánto gana cada escolta PDI mensualmente, a los que se le debe sumar horas extras y viáticos, además e bencina y  mantención de los vehículos, para conocer si se justifica o es un derroche”, apuntó.

A ello indicó que “en el caso de la senadora Pérez, que es presidenta de Amplitud, a diario vemos cómo se traslada por el país, como parte de su quehacer político y electoral. De ahí que me parece sano conocer de dónde salen los recursos para el pago por ejemplo de, pasajes de avión, alimentación y hoteles, ya que incluso podría haber una vulneración a la Ley de Probidad, ya que en la práctica los llamados PPI perfectamente podrían cumplir funciones como parte de la campaña que realiza esta Parlamentaria”.

LABORES DE SERVICIO

“Se me ha dicho que incluso podrían llegar a ser cinco los efectivos que resguardan a la senadora Pérez, y si fuera así, es necesario que la Contraloría establezca la legalidad y justificación del gasto, ya que no se puede tener 8 años a un equipo especializado, ejerciendo eventuales labores de estafetas, chofer o secretarios”, recalcó el denunciante.

Agregó que esta presentación bien podría dar pie para revisar la situación también de las Fuerzas Armadas, “donde todos sabemos, por ejemplo cómo generales y almirantes mantienen personal militar a su servicio doméstico aun cuando estén en retiro”.

“Considero que de justificarse el mantenimiento de la protección de la senadora Pérez, al menos debe revisarse el número de policías y cuáles son sus reales funciones, no sea que los veamos con poleras de campaña y repartiendo gorritos”, señaló.

Añadió que está seguro que en las diferentes poblaciones donde hay amenazas a diarios el Gobierno no pone custodia a las familias amenazas, ya que este es un privilegio que se otorga a los parlamentarios. “Por lo cual me pregunto, si  los 120 diputados y los 36 senadores sufren amenazas a todos ellos el Gobierno les pondrá guardaespaldas”.

“Por ello también sería sano conocer de parte del Gobierno, quizá sin conocer nombres, cuántos parlamentarios tiene este benéfico y cuál es el costo para el erario nacional”, recalcó Yévenes.